Un insólito episodio judicial y mediático se desencadenó en Villa Mercedes, San Luis, tras un error administrativo del gobierno provincial. Verónica Acosta, una vecina que esperaba recibir $ 8.000 de cuota alimentaria de su exmarido, descubrió que en su cuenta bancaria habían sido depositados más de $ 500 millones provenientes de una cuenta oficial de la administración provincial. La suma exacta transferida erróneamente fue de $ 510.236.811.
 
 El abogado Hernán Echevarría, dialogó en el programa “La Vuelta del Perro” y habló sobre la causa quien sostiene, fue recibida por error. Lejos de una estructura criminal, el letrado afirmó con énfasis: “Acá no hubo una trama de delincuentes, no se secuestró a nadie. Ella recibió dinero, tuvo necesidades, lo gastó.”
El caso que ha captado la atención pública en Villa Mercedes involucra a seis personas que, según la defensa, no tienen antecedentes penales y pertenecen a una familia humilde. En un giro inesperado, más de 5 millones de pesos ya fueron devueltos, incluso de forma espontánea por algunos involucrados.

Sin embargo, los problemas no han terminado. A la mujer se le fijó una fianza de 30 millones de pesos para conservar la libertad, una suma que el abogado calificó de “imposible cumplimiento”, destacando la grave situación económica del grupo familiar. “Estamos hablando de una familia humilde, numerosa, que no cuenta con recursos. Uno de los detenidos tiene el 91% de discapacidad y hoy, ni siquiera pueden acceder a sus propias asignaciones familiares porque las billeteras virtuales están bloqueadas,” denunció Echevarría.

Sobre un video difundido recientemente, en el que la acusada pide ayuda mediante una cuenta bancaria, el abogado aclaró: “Ella no está pidiendo dinero para pagar la fianza ni para resolver el problema judicial. Pide ayuda literalmente para comer.”
Cuando se le consultó si su defendida se arrepiente, Echevarría fue categórico: “Ella lo único que quería era ayudar a su familia, y siente que los terminó ensuciando con esta situación. No fue algo que buscó. Se tentó… y muchos quizás hubiéramos obrado igual.”

Finalmente, al ser interrogado sobre cómo cobra sus honorarios en un contexto de tanta precariedad, el abogado evitó entrar en detalles: “Eso queda en el ámbito privado con mi defendido.”

El caso sigue generando controversia, mientras se discute si debe ser tratado como un delito penal o como un conflicto civil. Por ahora, la lucha de esta familia continúa, no solo en los tribunales, sino también en la vida diaria.