La ley de Emergencia en Discapacidad es el pedido de toda la comunidad: organizaciones, profesionales, familiares, piden urgencia en cuanto a la mejora de ayuda del estado para el financiamiento en el área.

A lo largo de todo el país, se manifestaron organizaciones, instituciones de salud para la pronta sanción" de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que pretende una mejora en las asignaciones que reciben y en la calidad de vida.

Según los asistentes, el sector atraviesa una crisis sin precedentes, agravada por años de mala gestión de todos los gobiernos y recientes ajustes económicos que han colocado a las personas con discapacidad en una situación límite.

Tanto las familias como los profesionales que trabajan en este ámbito enfrentan múltiples obstáculos, entre ellos la cancelación masiva de prestaciones y coberturas en todo el país.

Además de los bajos honorarios de los especialistas que brindan atención a personas con discapacidad, también se reclama por retrasos de varios meses en los pagos. Esta situación generó un profundo malestar en la comunidad afectada, que denuncia un abandono sistemático por parte del Estado.

María Inés Sánchez, trabajadora en el área  alertó sobre la gravedad del sistema, con prestadores que están dejando de atender por la demora en los pagos.
 
Sánchez dijo que es prioritario que se apruebe el proyecto en el Congreso para garantizar la atención hasta fines de 2027.
 
Explicó que un trabajador de un taller protegido, el gobierno nacional paga 28 mil pesos por mes.