Esta mañana se realizó una conferencia de prensa en la casa de altos estudios.

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se encuentra en el centro de una investigación judicial y administrativa luego de la denuncia de presuntas irregularidades en el uso de sus recursos y servicios. A raíz de ello, el Consejo Directivo de la institución resolvió suspender preventivamente a cinco profesionales vinculados al CONICET que prestaban servicios en la universidad durante 30 días. Esta medida se adopta en el contexto de una causa penal que podría determinar responsabilidades más graves, como la exoneración de los implicados.

Según explicó la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, la situación surge de una relación de empleo doble, donde los profesionales están empleados tanto por el espacio público, en calidad de docentes o investigadores, como por el CONICET. "Esto tiene consecuencias y la ley impone la obligación de tramitar un sumario administrativo para investigar los hechos y determinar las responsabilidades", indicó.

En relación a la suspensión de estos profesionales, que afecta a docentes e investigadores en una primera instancia, la universidad ha sido clara en que esta medida preventiva no constituye una sanción, sino una acción cautelar mientras avanza la causa penal. "Las suspensiones preventivas no deben interpretarse como una sanción. Son medidas precautorias que se aplican en el ámbito administrativo, independientemente de la causa penal", aclaró la rectora.

El proceso administrativo y el avance de la investigación penal están intrínsecamente relacionados, ya que, según los procedimientos establecidos, cualquier persona condenada por la justicia no puede mantener una relación de empleo en el ámbito público. "Cualquier sanción administrativa que se derive de la investigación interna tiene carácter provisorio. La calificación final de la sanción está vinculada a los resultados del proceso penal", detalló el representante legal de la casa de altos estudios, Hugo Abraham.

La denuncia se centra en el uso indebido del espacio físico de la universidad, al que acceden profesionales con vínculos con el CONICET, pero no directamente empleados por la universidad. En este contexto, la decisión de suspender preventivamente el acceso a los espacios de la facultad por 30 días fue una medida adoptada por el Consejo Directivo para garantizar la transparencia del proceso. "La responsabilidad está ligada tanto a la relación laboral como al avance de la causa penal", señaló Abraham.

Aunque la universidad ha colaborado estrechamente con la justicia, proporcionando toda la documentación requerida, se mantiene en contacto con los órganos jurisdiccionales para seguir el curso de la investigación. "Desde el primer momento, hemos cumplido con los procedimientos internos y nos hemos puesto a disposición de la justicia para esclarecer los hechos", explicó la rectora.

En cuanto a la posibilidad de que este caso afecte la imagen de la universidad, las autoridades aseguraron que no se debe generalizar la situación, dado que se trata de un hecho aislado. "La universidad tiene más de 300 servicios a terceros, y este es un incidente puntual que debe ser investigado en detalle", puntualizó la rectora, al subrayar que la universidad sigue siendo un referente en cuanto a la calidad de sus investigaciones y la vinculación con el CONICET.
 
 Declaraciones de Germán Barros, decano de Cs Exactas de la UNRC:

“No quiero aquí decir que este es un caso ajeno, para nada. Aquí se pone en juego lo que significa esta universidad pública y por eso nosotros, como autoridades, estamos para dar la cara y ponernos a disposición”, expresó y agregó que "si hubo un hecho irregular, si hubo un delito, eso es inadmisible y debe llegar hasta las últimas consecuencias, en honor a todas las personas de bien que trabajamos en la universidad y en la sociedad”.

"Recibimos un informe del fiscal. Lo derivamos al área jurídica de la universidad y, con ese dictamen, se convocó al consejo directivo, que decidió iniciar sumarios y suspensiones”, detalló Barros. Según explicó, las medidas también consideran pedidos de licencia realizados por algunos de los involucrados.

Los cinco profesionales señalados están vinculados laboralmente con la universidad y/o el CONICET. Entre ellos se encuentran Oscar Masciarelli, Judith Reinaga y Lucas Gallarato, pertenecientes al personal de apoyo del CONICET (uno con contrato docente), Analía Llanes y Julia Iparraguirre., docentes de planta permanente de la facultad.

En cuanto a las situaciones legales, Maciarelli y Gallarato estuvieron detenidos durante cerca de tres semanas, Reinaga permanece con arresto domiciliario, y las dos docentes se encuentran en licencia médica. “Todas estas personas trabajaban dentro de nuestra facultad, más allá de su vínculo contractual”, aclaró el decano.

Consultado sobre la situación de la denunciante, Barros fue enfático: “Ella sigue trabajando normalmente, en su laboratorio. Está en contacto constante con nosotros, recibe oficios, hace consultas y ha sido acompañada incluso cuando recibió a investigadores extranjeros. Hemos tomado recaudos para resguardar sus espacios físicos”, aseguró.

Sobre posibles cambios en los controles internos o el sistema de trabajo, el decano subrayó la magnitud de la comunidad científica que forma parte de la universidad. “Contamos con más de 350 investigadores en ocho departamentos. No podemos tomar una irregularidad como sospecha generalizada. Creemos en el trabajo de nuestra gente. Yo mismo estoy en la facultad desde temprano hasta la noche y veo actividad constante, seria, comprometida. Esto, si se confirma, debe ser abordado como un hecho aislado”.

Finalmente, Barros reiteró que la universidad colaborará con la justicia en todo lo que sea necesario: “Ojalá esto se pueda dilucidar pronto. Por el bien de la institución, de la ciencia pública, y del país”.