Argentina, Brasil y México son las únicas naciones latinoamericanas con reactores nucleares de potencia. Pero sus programas tienen complejidades muy diferentes. Nuestro país ha venido construyendo sus propios reactores nucleares, como el RA-1, pero también ha exportado tecnología nuclear. Construyó el ETRR-2 en Egipto, el NUR en Argelia, el RP-0 y el RP-10 en Perú, y el OPAL en Australia [1] [2]. Una pieza institucional importante en ese programa ha sido INVAP, creada durante el gobierno militar (1976-1983). INVAP diseñó el reactor OPAL en Sydney (en sustitución del antiguo reactor australiano de Lucas Height), está construyendo el RA-10 en Buenos Aires, el reactor Pallas en Holanda y fue contratada por Brasil para finalizar la construcción del reactor multipropósito RMB (un “hermano” tecnológico del RA-10). INVAP es reconocida además por el desarrollo de tecnologías no nucleares, como satélites de observación y telecomunicaciones, y radares.

Pocos conocen que el contrato que firmó originalmente INVAP con ANSTO de Australia preveía que el combustible nuclear agotado del reactor de Syney sería procesado y reprocesado en Argentina, y devuelto -ya “tratado”- a Australia. Estas cláusulas habían sido mantenidas en secreto, pero FUNAM, trabajando con organizaciones colegas de Australia, pudimos detectarlas. Difundimos así públicamente que el ingreso de combustible nuclear agotado de ese país violaba el Artículo 41 de la Constitución Nacional [3]. Para INVAP lo que iba a entrar al país “era materia prima” y para nosotros “residuo radiactivo de alto nivel”. Juan Schroeder, en una acción judicial histórica, logró que la Cámara Federal de Bahía Blanca declarara la inconstitucionalidad de esa cláusula “secreta”. El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia, de la Nación, que en otro acto sin precedentes, convocó a las dos partes para que el 6 de mayo de 2009 expusieran sus argumentos [5]. En representación de Juan Schroeder expuso el constitucionalista Daniel Sabsay, y yo expliqué ante la Corte los aspectos técnicos que, a mi juicio, demostraban que se trataba de “basura nuclear”. Finalmente, la Corte, en julio de 2010 -diez años después de la firma del contrato entre INVAP y ANSTO- consideró que al país no ingresaría “desecho radiactivo” sino “combustible gastado”. Mientras la población iba conociendo en Argentina ese contrato secreto, en Australia ya se estaban realizando Audiencias Públicas convocadas por el Senado para debatir los riesgos e ilegalidades del reactor Opal, entonces llamado “Lucas Heights 2”. Como resultado de las movilizaciones públicas iniciadas a fines del 2000, que se fueron multiplicando en Australia; una fuerte cobertura de prensa en ese país, y la histórica coalición de 70 ONGs argentinas unidas bajo el lema “No a la basura nuclear de Australia”, de abril de 2002 [3], las protestas lograron lo que no se consiguió en la Justicia. Australia, que ya había denunciado fallas en los combustibles provistos por CNEA para el Opal, decidió -finalmente- que no enviaría su combustible gastado a la Argentina, sino a Estados Unidos. Una vez más el origen de un conflicto había surgido como resultado del autoritarismo y apego al secreto del lobby nuclear.   

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y Nucleoeléctrica Argentina SA, NASA (operadora de las centrales nucleares Embalse, Atucha I y Atucha II) siempre se han manejado con secreto [8], y desde mediados de los años 80, han violado reiteradamente las normas sobre Evaluaciones de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas. Los contratos firmados para prolongar la vida útil de la central de Embalse, la construcción del reactor RA-10 y el fallido contrato para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One violaron abiertamente esas normas. Lo mismo ocurre con el reactor CAREM-25 en construcción, nunca discutido en Audiencia Pública.