El intento de modificación de la Ley de Glaciares ha encendido las luces de alarma en el ámbito ambiental y social. Se trata de una preocupación que resuena fuerte, principalmente porque se busca alterar una ley modelo y pionera que nació hace poco más de 15 años. Aquella normativa surgió ante el reconocimiento de un problema urgente y una necesidad clara: la crisis climática y de biodiversidad que estamos atravesando.

Esta situación no es menor, ya que tiene un impacto directo en las personas y pone cada día más en riesgo la seguridad hídrica de los argentinos. En un contexto donde el agua vale oro, tocar los presupuestos mínimos de protección ambiental genera inquietud.

Un sistema que no se puede separar

Uno de los puntos centrales del reclamo es la comprensión de cómo funciona el ciclo del agua en la alta montaña. Se sabe que el agua proveniente de los glaciares abastece a 7 millones de argentinos y representa un tercio de todas las cuencas hídricas que tenemos en el país.

El planteo técnico es claro: esto es un sistema y no se pueden separar las partes. No es viable proteger un glaciar si al mismo tiempo se ataca o se desprotege al ambiente periglacial. Estos entornos funcionan, por ejemplo, como reguladores de los glaciares y son los encargados de regular el flujo de agua que después llega a los hogares y a la producción.

"El principal argumento desde el oficialismo y quienes defienden esta ley es que quieren traer seguridad jurídica y esto es todo lo contrario", se destaca en el análisis de la situación.

A contramano de la Constitución

La reforma propuesta no solo genera dudas desde lo ambiental, sino también desde lo legal. Se advierte que la medida va en contra de lo establecido tanto en la Constitución como en la Ley General del Ambiente y en los acuerdos internacionales a los cuales adhiere nuestro país.

Modificar esta ley implicaría ir en contra del derecho a un ambiente sano y de las instancias de participación ciudadana establecidas a nivel global. Ataca directamente a la base de la ley, que son los acuerdos básicos nacionales necesarios para proteger los glaciares y los ambientes periglaciales.

El argumento de buscar "seguridad jurídica" queda en la cuerda floja ante esta realidad. "Si nosotros pretendemos aumentar la soberanía jurídica atacando a la Constitución, a la Ley General del Ambiente y a los acuerdos internacionales, me parece que estamos yendo a contramano", concluyen las voces críticas sobre este intento de reforma.