El conflicto gremial en el poder judicial mantiene paralizada la prestación del servicio en la ciudad. Ante la gravedad de la situación, el presidente del Colegio de Abogados de Río Cuarto, Alberto Fernández, en diálogo con MICRÓFONO ABIERTO convocó a una manifestación frente a los tribunales para exigir una solución urgente.

La convocatoria está programada para el próximo martes 9 de junio de 2026 a las 12:00 horas en las puertas del edificio de tribunales. El llamado no sólo está dirigido a los profesionales del derecho, sino también a la ciudadanía en general y a todos los vecinos de Río Cuarto. El objetivo central de la movilización es exhortar tanto al gobierno provincial como al gremio que agrupa a los trabajadores judiciales a sentarse a una mesa activa de diálogo para buscar una salida al conflicto.

Una crisis que se profundiza con el paso de los días

La situación de parálisis no es nueva y se viene registrando desde hace ya varios días. La institución profesional ya había manifestado su preocupación formalmente el pasado 22 de mayo de 2026 a través de un comunicado emitido tras un paro de 48 horas. En aquel documento, se instó al Tribunal Superior de Justicia y al gremio a entablar un diálogo para superar la crisis, pero tras más de 10 días las medidas de fuerza se prolongaron en el tiempo.

Durante la corriente semana se registraron dos días de paro total, sumados a una asamblea con retiro de los puestos de trabajo celebrada el miércoles a las 12 horas. Para la próxima semana el panorama se complejiza, ya que están previstos tres días de paro consecutivos para el miércoles, jueves y viernes, lo que dejará a la ciudad con apenas dos jornadas de actividad normal. "Si seguimos así directamente nos vamos a quedar sin servicio de justicia", advirtió Fernández.

Los vecinos son los principales damnificados

El presidente de la entidad aclaró que las consecuencias de las medidas de fuerza exceden el perjuicio laboral de los profesionales matriculados. Si bien los abogados que ejercen la profesión libre dependen de forma directa del funcionamiento de los tribunales para trabajar, el impacto principal recae sobre los ciudadanos que requieren realizar trámites de diversa índole.

"La convocatoria va dirigida a los vecinos de Río Cuarto, que son los principales damnificados por esta situación, porque son ellos los justiciables, son ellos los que requieren el servicio de justicia y el servicio de justicia no se está prestando normalmente", afirmó el dirigente de los abogados.

El pedido de intervención a los tres poderes del Estado

Respecto a las competencias para destrabar el conflicto salarial y presupuestario, se argumentó que es necesaria la participación de las máximas autoridades políticas de la provincia de Córdoba debido a la magnitud de la crisis. El argumento del Tribunal Superior de Justicia radica en que carece de los recursos económicos necesarios para atender los reclamos que viene planteando el sector gremial.

Por este motivo, se solicitó la presencia del ministro de Justicia en las negociaciones, como así también de las autoridades del poder ejecutivo y legislativo. Debido a que la Legislatura es la encargada de votar las leyes de presupuesto cada año, y ante la proximidad de las discusiones para el presupuesto correspondiente al año 2027, se remarcó que los legisladores también deberían formar parte de la mesa de discusión junto al gobernador y el gremio.

Desde el Colegio de Abogados de Río Cuarto ratificaron que mantienen una postura institucional neutral respecto a la legitimidad o no de los reclamos del sector gremial. Sin embargo, enfatizaron que la resolución debe darse mediante las herramientas de la democracia. "Pedimos que se solucione esta situación de la manera que se tiene que hacer en una democracia, es decir, con diálogo, llegando a consensos para superar una crisis que hoy tiene paralizado ni más ni menos que el servicio de justicia", concluyó Fernández.

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