La defensa de Roberto Bárzola busca anular la investigación penal preparatoria mediante un pedido de nulidad absoluta de la elevación de juicio presentado ante el Juzgado de Control local.

La estrategia fue confirmada en Micrófono Abierto el doctor Zacarías Ramírez Rigo, quien precisó que también se encuentra en trámite un recurso de prescripción ante el Tribunal Superior de Justicia. 

 El fiscal de instrucción, el doctor Pablo Jávega, ratificó que para el Ministerio Público Fiscal la investigación penal está completamente concluida desde finales de 2025, al alcanzarse el grado de probabilidad necesario respecto a la participación del sospechoso.

Cuestionamiento a las pruebas genéticas

La acusación formal contra el pintor y parquetista se fundamenta en un hallazgo genético clave gestionado bajo la dirección de la fiscalía. Específicamente, el requerimiento se basa en la localización de huellas genéticas y un pelo de Bárzola en el cinto de la bata utilizada como arma homicida.

Sin embargo, Ramírez Rigo adelantó que estos elementos probatorios se encuentran absolutamente cuestionados por la defensa. El letrado argumentó que existieron irregularidades desde el inicio del proceso, puntualmente cuando se citó a su defendido como testigo para realizar un mapeo de ADN, violando la normativa vigente.

El defensor apuntó contra el desempeño del Ministerio Público Fiscal en la causa y la designación de los investigadores.

Estrategia de la defensa ante la pena de perpetua

Respecto a la decisión de oponerse a la elevación a juicio y no avanzar de forma directa hacia el debate oral, el representante legal del imputado argumentó que se trata de una estrategia necesaria ante la gravedad de la calificación legal que pesa sobre su defendido.

Ramírez Rigo aseguró que continuarán utilizando los recursos de la normativa vigente para desacreditar la investigación oficial.

"Vamos a usar absolutamente todos los recursos. Nosotros estamos de acuerdo que si tenemos que ir a un juicio lo enfrentaremos y vamos a demostrar la inocencia", afirmó.

Intimación millonaria y cruce mediático

La tensión judicial se trasladó al plano mediático luego de que Facundo Macarrón, hijo de la víctima, confirmara en un programa de televisión nacional que Bárzola le inició a la familia una demanda por 300 millones de pesos por presuntas injurias cometidas en los medios de comunicación.

Ante esto, el defensor de Bárzola justificó el envío de la carta documento amparándose en los artículos del Código Civil sobre derechos personalísimos. El abogado argumentó que los Macarrón realizan una condena mediática anticipada y vulneran las garantías del imputado.

El letrado criticó la exposición pública y defendió la vigencia de las garantías constitucionales del acusado mientras no se dicte una sentencia en un tribunal.

"Ninguna persona puede ser acusada o sindicada de ningún hecho delictivo mediáticamente antes de que exista una sentencia, y esa sentencia no existe porque todavía no ha habido juicio. Me convoco a rechazar cualquier adelantamiento de condena mediático porque eso no corresponde, vivimos en estado democrático", sentenció el abogado.

Finalmente, el defensor vinculó el monto exigido en la intimación civil con los antecedentes económicos del propio expediente judicial.

"Es una intimación por medio de carta documento donde los artículos 51, 52, 53 del Código Civil, el 1071 y siguientes del Código Civil establecen la normativa de que toda persona que genere un daño en la intimidad y los derechos personalísimos tiene que ser resarcido. Es el mismo monto que falló la justicia a nivel nacional con respecto a la demanda que ellos hicieron a canales de comunicación de nivel nacional", concluyó Ramírez Rigo.

Definiciones en manos del Juzgado de Control

 El juez de control, el doctor Diego Ortiz, debe determinar si es correcto el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía o si corresponde hacer lugar a los planteos defensivos.