Conocer los datos de la realidad resulta indispensable para tomar decisiones de política y cambiar rumbos cuando esa realidad no muestra los resultados más favorables para el desarrollo del país.
En este sentido, no podemos negar que la ganadería argentina está pasando por un momento difícil en el que se combinan la pérdida de competitividad y una política que desalienta la actividad.
Durante 2012, el precio de la carne al mostrador se incrementó un 19% mientras que el precio de la hacienda en pie sólo lo hizo un 8%. A esto se suma un incremento de costos de producción de alrededor del 40% para el ganadero como resultado de la inflación y del aumento de impuestos municipales, provinciales y nacionales.
Este escenario generó un enorme desincentivo hacia la producción ganadera que se traduce en una mayor participación de hembras en la faena total, es decir, en menos inversión y en menos producción futura. Ya se sabe, una hembra menos es un ternero que no nace y un novillo gordo que no se faena en el futuro.
Las cuentas para exportar no cierran y, en los primeros dos meses de 2013, la Argentina vendió al mundo 61.000 toneladas de carne, un 3% menos respecto del mismo período de 2012. Según las estimaciones, 2013 cerrará con ventas externas por un total de 175 mil toneladas, muy lejos de aquellas 750 mil toneladas exportadas en 2005, cuando nuestro país era el tercer exportador mundial. Hoy estamos en el puesto número once, por detrás de Brasil, Uruguay y también detrás de Paraguay, y muy probablemente este sea el sexto año en que no cumpliremos con la Cuota Hilton con la consecuente pérdida de ingreso de divisas para el país.
Es que, a las nefastas políticas que prohibieron durante años las exportaciones, cerraron e intervinieron mercados, al 15% de retenciones a las exportaciones que debe enfrentar el productor argentino y que no paga ninguno de nuestros países competidores, hoy se suma el enorme incremento de la inflación interna que nos dejó fuera de los mercados internacionales.
En este contexto, resulta indispensable contar con una política ganadera para el país, para lo cual deberían tenerse en cuenta las propuestas que desde la producción siempre ofrecimos. Entre esos puntos, se destaca la necesidad de dar un horizonte de estabilidad a la actividad con claros incentivos para la retención de vientres, mejora de las pasturas y aumento de los índices de pariciones así como de la relación stock-parición, además de permitir la liquidación anual del IVA, entre otras medidas de estimulo.
Y todo esto en un marco de apertura de las exportaciones que permitan integrar la media res en forma eficiente entre el consumo interno y las ventas externas, de eliminación de las medidas distorsivas del mercado interno como los controles de precios y las exigencias de "baratas", y del fin de los registros de operaciones de exportación (ROEs).
Es imprescindible que el gobierno deje de intervenir los mercados para generar las condiciones necesarias y el atractivo suficiente para impulsar la inversión en ganadería. Asimismo, tenemos que volver a impulsar la alternativa del mercado internacional como estímulo a la producción. Para esto, resulta fundamental mejorar la competitividad de la actividad. La eliminación del 15% de retenciones sería una clara medida en ese sentido.
La situación ruinosa y de desesperanza que viven numerosas familias de nuestro interior afecta no sólo al campo, sino también a la industria, el comercio y, en definitiva, a los trabajadores en general. Produce, en cada caso, un daño enorme que es inversamente proporcional a la fuerza y al potencial que tenemos como país para desarrollar nuestra ganadería.
Como repetimos desde hace años, la Argentina necesita una ganadería que exprese todo su potencial, que recupere su espacio en el mercado internacional, que genere más divisas y que fomente el arraigo y el bienestar en las comunidades del interior que están especialmente ligadas a esta actividad.
Cuanto más se demore en poner en marcha estos objetivos, mayor será el daño ocasionado a al campo y a la sociedad en su conjunto.
No se puede seguir aplicando las mismas políticas cuando sus resultados siguen afectando negativamente a la producción, al consumidor, y a los trabajadores